El Economista
Columna Foro Económico
13 de mayo de 2005

Nota El límite de los gobiernos y la protesta Thomas Paine, poco antes de la independencia estadounidense, escribió lo siguiente: "La sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad; la primera promueve nuestra felicidad positivamente uniendo al mismo tiempo nuestros afectos, el segundo negativamente teniendo a raya nuestros vicios.
Una alienta las relaciones, el otro crea las distinciones.

La primera protege, el segundo castiga.

La sociedad es, bajo cualquier condición, una bendición; el gobierno, aun bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario, en la peor es insoportable".

Después de los escándalos de los últimos meses, el gobierno o los gobiernos en México ya no representan el deseable mal menor descrito por Thomas Paine, tal vez enfrentamos sus formas más obtusas maquilladas por un terrible cinismo.

El gobierno como un mal menor podría parecer una forma olvidada de acotar las funciones burocráticas de un Estado.

En gran medida, los propios límites de acción de los gobiernos no son una discusión que prevalezca entre la vorágine informativa de los temas de coyuntura.

Las razones podrían ser varias y de distinta índole: Primero, nuestros antecedentes históricos le dan a los gobiernos un papel mayor en el desenvolvimiento de nuestras sociedades.

Desde tiempos precolombinos hasta el México actual, la sociedad gira alrededor de los caprichos, ideas y sinrazones de un líder máximo.

Incluso, los cambios de régimen han sido cambios de forma, políticas públicas y mandos más que diferencias radicales en la interacción del gobierno y la sociedad.

Segundo, la Academia y su cercanía a organizaciones políticas de izquierda ha sido más un promotor del materialismo económico que de conductas liberales en las que se defienda abiertamente el papel del individuo frente a los gobierno.

Hoy la izquierda recluta a sus nuevos integrantes en las aulas de universidades públicas, entre académicos inexpertos en funciones burocráticas y líderes estudiantiles con el Manifiesto del Partido Comunista bajo el brazo.

La intelectualidad liberal nada en un mar inmenso de sordos, comunicando sus posturas en silencio por no herir lo políticamente correcto en sociedades con altos niveles de desigualdad.

Tercero, las organizaciones políticas no son en sí mismas promotoras de imponer límites a las funciones de los gobiernos.

El debate político ha girado alrededor de fórmulas al uso de la burocracia más que a su acotamiento.

El debate produce pocos compromisos y se premia con admiración el discurso ambiguo carente de compromisos de política pública.

Los que buscan administrar a la burocracia difícilmente puedan limitarla.

Cuarto, la sociedad civil en México no protesta.

Pese a la catarata de escándalos, la mayoría de los mexicanos hemos sido espectadores pasivos del descaro que resolvió el tema del desafuero, los graves riesgos financieros que representan para el país instituciones públicas que sirven más a los intereses de sus propias burocracias que a los ciudadanos, el alto costo propagandístico de campañas y precampañas políticas.

El límite de las funciones de los gobiernos comienza con la protesta de los ciudadanos.

Sin incurrir en futurismos innecesarios, el propio descaro de la inoperatividad de lo público será el gran detonante de las protestas de una sociedad civil que hoy duerme el sueño de los justos.